La Xunta quiere expulsar a Becerreá de la Axencia Urbanística por entorpecer el derribo de una casa

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Fuente: La Voz de Galicia (09/02/2013)
La Xunta ha abierto un expediente para expulsar al Concello lucense de Becerreá de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU) por «entorpecer» la demolición de una vivienda en el núcleo de Lamas. Según el Gobierno autónomo, el alcalde, el socialista Manuel Martínez, «non só non colaborou coas labores da axencia, senón que as entorpeceu, levando a cabo unha actitude activa para impedir a demolición dunha vivenda ilegal no seu concello».
El inmueble es propiedad de José Luis Díaz y fue su padre el que lo hizo hace doce años, sin licencia. José Luis vive con su hermano y su madre, de 83 años, en una casa antigua justo al lado de la nueva, que no estrenaron. En el 2001 llegó la primera denuncia por irregularidades; tanto esta casa como otras del núcleo están en situación irregular por construirse en suelo rústico de especial protección agropecuaria. La APLU -a la que está adherido el Concello, por lo que delega en ella las competencias en legalidad urbanística- amonestó al dueño varias veces, y este ya pagó, según dice, 40.000 euros en multas.
La demolición estaba prevista para el 15 enero. Pero Becerreá se movilizó como nadie esperaba e impidió el derribo, ese día y al siguiente, con una marea humana de 300 vecinos y un arsenal de coches, tractores y otros vehículos bloqueando los accesos a la vivienda. Desde entonces, José Luis y un grupo de vecinos, por turnos, hacen guardia a diario ante la casa. Hasta el cura se implicó y si la Policía Autonómica se acerca tocará las campanas en señal de alarma.
El PXOM legalizaría la vivienda
También dio su apoyo la corporación municipal al completo. Entre ellos, el alcalde, que recuerda que están tramitando el PXOM y que esto legalizaría la vivienda. Además, aclara que la casa no supone impacto ambiental ni visual, por lo que pide tiempo: «É legal a demolición, pero é inxusta, o que pedimos é un pouco de tempo», señala. Pero la Xunta insiste en que hay una sentencia firme y que su obligación es cumplir la ley.
El regidor relata que el Concello «non impediu tirar a casa» y que no colaboró porque nadie los avisó de que se iba a hacer el derribo. «Presentáronse con nocturnidade e aleivosía e rodearon Lamas como se os veciños fosen delincuentes. O que fixen foi estar ao lado do dono, como é a miña obriga. E estou orgulloso porque entre apoiar a un veciño ou unha decisión legal, pero inxusta, elixo o primeiro».