Fuente: La Voz de Galicia (07/03/2014)
El caso de Lamas queda definitivamente archivado 14 meses después de la lucha vecinal que invadió el municipio de Becerreá para evitar el derribo de la casa de José Luis Díaz, en la citada aldea. Aunque la demolición ya había quedado descartada en el mes de septiembre con la aprobación de la delimitación de núcleo -primero por parte del pleno municipal y luego de la Xunta-, aún quedaba pendiente saber qué pasaba con los casi veinte vecinos denunciados por la APLU, y que estaban citados para ir a juicio la próxima semana.
Este asunto también ha quedado zanjado por completo, pues la APLU ha retirado la denuncia contra los citados vecinos.
De este modo, la Xunta retira la acusación y renuncia a cualquier acción penal o civil. Por ello, el juzgado ha decretado el sobreseimiento de la causa y su archivo, a pesar de que en un primer momento la Audiencia había rechazado el recurso de los denunciados. Entre la veintena de vecinos afectados estaba el propio alcalde, Manuel Martínez. A todos ellos se les acusaba de una falta de coacciones, que podía terminar con una multa o con el archivo de la causa, como finalmente ocurrió.
El dueño de la casa, José Luis Díaz, se mostraba ayer muy satisfecho con la noticia. Además, está a punto de lograr la licencia que le falta para la vivienda, por lo que la legalización está prácticamente completada.
Por otro lado, Díaz insiste en que este final feliz no sería posible sin el apoyo firme y continuado de sus vecinos -más de 150 personas se llegaron a juntar ante la vivienda en enero del 2013 para impedir que las palas iniciasen el derribo de la casa-. Por ello, cuando llegue la primavera tiene previsto hacer una merienda ante la casa donde tantos días hicieron guardia juntos para agradecerles su apoyo y cariño.
Trece años de litigio
Con este archivo se cierra un capítulo de la historia de Lamas que comenzó hace unos trece años, cuando el padre de José Luis empezó la vivienda. En el 2001 llegó la primera denuncia, porque el inmueble estaba en suelo rústico de especial protección agropecuaria y sin licencia. En total, llegaron a pagar más de 50.000 euros en multas.
El 15 de enero del año pasado la APLU y la Policía Autonómica acudieron a primera hora de la mañana a Lamas, con maquinaria, para iniciar la demolición. Vecinos y vehículos bloqueando los accesos lo impidieron. Fue justo hace un año cuando una veintena de vecinos recibieron cédulas de citación para declarar en el juzgado en calidad de imputados, entre ellos, el alcalde. Otros treinta, entre ellos, el cura, se autoinculpan en un acto solidario, pero el juzgado no lo tuvo en cuenta. En septiembre la Xunta dio carpetazo al derribo.