Fuente: La Voz de Galicia (05/04/2013)
El juzgado de Becerreá recibió ayer el primer paquete de escritos de autoinculpaciones, concretamente, de 24 vecinos, por el caso del intento de la Xunta de derribar una casa en la parroquia de Lamas. Los autoinculpados admiten que respaldaron al dueño de la vivienda, José Luis Díaz, y que si eso «se considera punible» que los citen a declarar como imputados. Lo hacen por solidaridad con José Luis y con los otros 22 vecinos que están imputados.
Entre los que ya presentaron el escrito se encuentran el teniente de alcalde, el socialista Claudio Vázquez, y el portavoz del BNG, Ovidio Montaña. En los próximos días presentarán más paquetes de autoinculpaciones.
La toma de declaración comenzó el jueves, siguió ayer y continuará el próximo jueves. Todos ellos acordaron presentar por escrito una misma declaración. En ella reconocen haber apoyado a su vecino porque consideran que el derribo de su casa «sería una injusticia, al estar a punto de aprobarse el Plan Xeral de Ordenación Municipal, lo cual legalizaría la situación de dicha vivienda».
Uno de los primeros en comparecer fue el alcalde de Becerreá, Manuel Martínez, el único político imputado. La suya fue una declaración más extensa y se prolongó durante hora y media. La jueza le preguntó sobre su participación en las concentraciones. Él señaló que el primer día no estuvo presente, aunque sí el segundo «porque me chamaron os veciños».
El alcalde niega actos violentos
Explicó que se dirigió al responsable policial para que le mostrasen la orden judicial o la sentencia, «e non o fan, pásanme por teléfono, supostamente, coa directora xeral da Aplu, que me pide colaboración. Pois a boas horas, cando está toda a lea formada. Empezou a haber excesos verbais e tiven que meterme entre os veciños e a policía, e conseguimos tranquilizar a cousa. De feito uns veciños e máis eu axudamos despois a sacar uns coches da policía que quedaran atascados na lama», explica.
Martínez también declaró que en enero preguntó a la Aplu el motivo de querer derribar la vivienda, pues señala que no tenía constancia oficial de los problemas con esa casa: «Dinme que hai unha orde xudicial, así que lles pedín unha copia dela, ou da sentenza. A día de hoxe aínda non chegou nada ao Concello». La jueza también le preguntó por su sueldo.
El alcalde considera que la Xunta «vai por min politicamente» y busca con esta actuación «desproporcionada» dar un «escarmento xeral».
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